La jueza Rodríguez Vidal adhirió a los argumentos de los diputados Felipe Solá, Graciela Camaño y Alfredo Atanasof

La jueza Claudia Rodríguez Vidal adhirió a los argumentos de los diputados Felipe Solá, Graciela Camaño y Alfredo Atanasof y sostuvo que el nuevo decreto es igual al primero, salvo por el cambio de denominación del fondo. Además, destacó que "no altera la identidad" el hecho de que ahora se discrimine "la composición de los vencimientos previstos para el ejercicio corriente en manos de tenedores privados".

La jueza Claudia Rodríguez Vidal aseguró que hacer un nuevo decreto para usar las reservas que estaban bloqueadas judicialmente es "un verdadero agravio a la autoridad que revisten las decisiones de la Justicia" y haría desaparecer "el principio de división de poderes".

Las claras definiciones de la jueza a la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desafió ayer públicamente, figuran en el último párrafo de sus "considerandos", justo antes del dictado de la resolución que suspendió los efectos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 298/10 anunciado el lunes en el Congreso. La jueza rechazó de plano el argumento oficial de que había una "extrema situación de necesidad y urgencia" para dictar el nuevo decreto como consecuencia de los fallos judiciales que pararon el primero.


La orden de la magistrada tendrá vigencia "hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales previstos para la consideración de los DNU por el Congreso de la Nación, en los términos de la ley 26.122". El Gobierno tiene diez días a contar desde el lunes para remitir el decreto al Congreso y éste tiene igual plazo para decidir si lo aprueba o lo rechaza.

En la parte resolutiva de su fallo, Rodríguez Vidal también ordenó al Ministerio de Economía "abstenerse de disponer, de cualquier forma, de los fondos que hubieran sido girados por el Banco Central de la República Argentina al denominado `Fondo de Desendeudamiento Argentino’". La Presidenta ya dijo ayer que desobedecerá esa orden, lo que le valió una denuncia penal de la oposición.

Sin embargo, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el jefe de los abogados del Estado, apeló la medida cautelar dictada por la jueza, y ésta la aceptó, aunque sin liberar el uso de los fondos, como quería el Gobierno. Lo mismo había ocurrido la semana pasada con el viejo decreto discutido en Tribunales y finalmente declarado abstracto por la Corte.

Ahora, empezó a correr el plazo de diez días para que, primero la Procuración del Tesoro y luego los demandantes (cinco días por separado), fundamenten sus posiciones. Con todo ese paquete, la jueza elevará el expediente a la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde ya estaba radicada esta demanda. Esta sala está integrada por los jueces Clara Do Pico, Néstor Buján y Pedro Coviello. Do Pico ya había fallado, como camarista de feria, contra el Fondo del Bicentenario.



Fuente: IECO